Vicente López, 29 de Agosto de 2000

VISTO

El expediente DP 1134 promovido por el señor J. R. T. que denuncia que en la sucursal del Supermercado "Día" ubicado en la avenida San Martín 2267/2271 el personal que atiende las cajas no tiene donde sentarse, contraviniéndose así expresas normas legales vigentes; y

CONSIDERANDO

Efectivamente son numerosos los locales de comercio de Vicente López (y desde luego no sólo de Vicente López) que no cumplen con las disposiciones de la ley 12.205 conocida como ley de la silla. En ese sentido una verificación hecha a raíz de la denuncia del señor T., demostró que en esa situación también trabaja el personal de ese mismo supermercado de la calle Rawson 3773, y el de la calle San Martín esquina Sargento Baigorria.

La importancia de la cuestión, por lo gravosa a la salud y por lo que lo que se debe interpretar como trabajo en condiciones dignas, de acuerdo a lo que establece el artículo 14º bis de la Constitución nacional, nos impone hacer ciertas consideraciones históricas demostrativas de lo arcaico e inicuo del caso.

El artículo 1º de la ley 12.205, sancionada el 23 de septiembre de 1936, establece que "Todo local de trabajo en establecimientos industriales y comerciales de la Capital Federal, provincias o territorios nacionales, deberá estar provisto de asientos con respaldo en número suficiente para el uso de cada persona ocupada en los mismos." Por su artículo 2º la ley dispone que los trabajadores tendrán derecho a ocupar su asiento en los intervalos de descanso, así como durante el trabajo si su naturaleza no lo impide. Por su parte, el artículo 4º prescribe que un texto de la ley y su reglamentación deberán estar a la vista, así como también la dirección de la autoridad encargada de su aplicación.

La ley 12.205 fue el resultado de una iniciativa presentada ante la Cámara de Diputados de la Nación por el diputado Francisco Pérez Leirós. Tenía su origen en un proyecto de Alfredo L. Palacios transformado en ley en 1907, que incorporaba este derecho a usar de una silla en el trabajo en la primitiva norma protectora del trabajo de mujeres y menores.

Explicando la génesis de esta ley decía el diputado Pérez Leirós en su carácter de miembro informante de la Comisión de Legislación del Trabajo al tratarse el proyecto de ley ahora vigente: "Cuando fue derogada (la ley de trabajo de mujeres y niños) por la 11.317, quedó anulado el artículo que disponía la obligación de las casas de comercio de dar sillas a su personal, porque se consideró que esa materia debía ser legislada separadamente, es decir, que el asiento debía ser dado, no sólo a las mujeres y los niños, sino también al personal masculino." Y agrega Pérez Leirós: "Se trata de satisfacer una vieja aspiración de esta gente de trabajo reclamada por entidades gremiales y que por los antecedentes que he dado se evidencia que ha sido un asunto que ha preocupado a muchos señores diputados de diversos sectores políticos en distintas épocas."

Por su parte el senador Alfredo L. Palacios, al pasar el articulado del proyecto de Pérez Leirós en revisión al Senado dijo: "este proyecto tan simple y humano . . . lleva la firma de todos los sectores y fue votado por unanimidad (. . . ) Aunque sorprenda a los señores senadores este proyecto de ley ha sido ley antes de ahora. Fue sancionado por mi iniciativa hace más de 25 años, aun cuando no con la amplitud que ahora se presenta. Era la disposición reglamentaria del trabajo de las mujeres y los niños que dice así ´Los establecimientos atendidos por mujeres deberán estar provistos, para el servicio de las obreras de los asientos necesarios para su comodidad, siempre que el trabajo lo permita.´ Esta prescripción legal, que sostuve con éxito hace un cuarto de siglo en la Cámara de Diputados, fue derogada al modificarse la ley relativa al trabajo de las mujeres y de los niños en el año 1924. Y lo curioso es que nos se la derogó por creérsela mala; al contrario, porque se tenía el propósito de ampliarlo; porque abrigaba la esperanza de hacerla mejor. Esto parece absurdo, pero es verdad, y yo quiero destacar el raro criterio legislativo que ha perjudicado a las obreras, quienes, desde el año 1924, carecen de beneficios que le otorgaba la Ley de la Silla dictada en 1907. Lo lógico hubiera sido dejar ese precepto humano que se refería a las mujeres en la ley especial que reglamenta su trabajo y luego dictar la ley ampliatoria (. . .) El carácter humano de este proyecto es tan evidente, que los hombres de las más distintas ideologías coinciden en la necesidad de su sanción. Es así como el doctor Martínez Zuviría que ocupa la dirección de la Biblioteca Nacional, afirma que la Ley de la Silla tiene una finalidad que sólo podría desconocer un espíritu frívolo, ya que persigue en su modestia la salud del pueblo y el mejoramiento de la raza. Habló en la Cámara del régimen funesto que exaspera el sistema nervioso y extenúa a la obrera que, al fin de la jornada, después de haber estado en pie nueve horas, ha perdido hasta el ánimo de alimentarse.

"Los médicos e higienistas afirman -continúa Palacios-, que la permanencia de pie, durante muchas horas, determina trastornos orgánicos. La estación vertical prolongada, acentúa las enfermedades del bajo vientre, sobre todo de la matriz, provoca el aborto, produce perturbaciones en la circulación y trae como consecuencia la debilidad y la anemia. El estado congestivo de los órganos abdominales, obra principalmente sobre el útero, ocasionando desviaciones de consecuencias deplorables y el aflujo de la sangre a los miembros inferiores, trae enfermedades como las várices y flebitis. . ."

Las sencillas y bien fundadas razones tanto como la autoridad intelectual y moral de su expositor, el senador Alfredo Palacios, más allá del tiempo transcurrido, eximen de otros comentarios; pero lo cierto es que, a pesar de estar vigente, la ley 12.205 es reiteradamente infringida en numerosos establecimientos lo que configura un verdadero atentado a los derechos y a la dignidad humana. Ni qué decir de la prescripción del artículo 4º de esa ley. En lugar alguno se exhibe su texto ni, naturalmente, la dirección de la autoridad encargada de su aplicación.

Por tratarse de una cuestión que afecta los derechos humanos de trabajadores que cumplen su jornada de labor en el ámbito de Vicente López, es procedente que el Defensor del Pueblo, en el ejercicio de sus propias responsabilidades reclame por este hecho y lo denuncie formalmente y que convoque a los órganos institucionales representativos de la voluntad popular a que se pronuncien en el mismo sentido, sobre todo teniendo en cuento la magnitud y la importancia de las empresas involucradas.

Por lo anteriormente expuesto, el Defensor del Pueblo de Vicente López

                                                                                         RESUELVE

Artículo 1º. Dirigirse al Ministerio de Trabajo de la Nación y al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires para denunciar formalmente que en los locales de los supermercados Dia de la avenida San Martín 2267/2271, San Martín esquina Sargento Baigorria, y de la calle Rawson 3773, no se da cumplimiento con lo establecido en la ley 12.205.

Artículo 2º. Exhortar al H. Concejo Deliberante sancione una declaración dirigida a las entidades señaladas para que se cumpla con la ley 12.205.

Artículo 2º. Exhortar a la H. Cámara de Diputados y al H. Senado de la Provincia de Buenos Aires a que sancionen sendas declaraciones dirigidas a los Ministerios de Trabajo de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires para que se cumpla con la ley 12.205.

Artículo 3º. Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese.